La Superintendencia de Transporte sancionó a seis empresas concesionarias del Estado que manejan los peajes en las carreteras del país por no implementar en sus casillas el sistema de cobro electrónico.

El valor total de las multas impuestas hasta la fecha asciende a $152 millones.

Las empresas afectadas son: BTS concesionario S.A.S., Autopistas de la Sabana S.A., Concesión vial de Cartagena S.A., Concesión Montes de María S.A.S., Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. y Unión Vial Río Pamplonita S.A. Estas entidades incumplen las resoluciones del Ministerio de Transporte, que indican que deben habilitar el Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular(IP/REV).

La normativa estableció un plazo para que los operadores pudiesen cobrar las tarifas mediante un dispositivo electrónico hasta el pasado 30 de octubre de 2022, por ello la Superintendencia de Transporte inició los procesos correspondientes a los concesionarios que no acataron lo dispuesto en las Resoluciones.

Según manifiesta la Superintendencia, el objetivo de esta medida sería "evitar las congestiones en los peajes que tanto aqueja a los usuarios de las carreteras, disminuir el desgaste de los vehículos y la contaminación, generando ahorro de combustible, entre otros beneficios a la logística del transporte".

Además, la entidad señala que se han abierto investigaciones por parte de la Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura para los siguientes casos:

1. Aquellos que a pesar de estar habilitados no han implementado el sistema de recaudo electrónico. 

2. Aquellos que no están interoperando con los seis (6) intermediadores. 

3. Los que a la fecha aún no se han habilitado.

Al respecto, la Superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, aseguró que "el objetivo es cubrir el 100% de los peajes que existen en el país, sin embargo, existen algunos operadores que no han acatado la norma, por esto hemos iniciado las investigaciones correspondientes, lo que ha generado a la fecha seis sanciones y una orden administrativa, garantizando el debido proceso".

Además, la Superintendente hizo énfasis en que "este Sistema genera beneficios para la logística del transporte, así como para los conductores, como para los transportadores, para la seguridad vial y para el medio ambiente”.
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"Los concesionarios sancionados podrán interponer dentro del término de ley, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión administrativa, respetando el debido proceso correspondiente".